Gobierno y camioneros tienen a Chile orillando el precipicio
Escribe Arturo Alejandro Muñoz
Soy consciente de estar refiriéndome a un tema que pocos conocen –o quieren conocer– y aun menos enfrentar. Sé también que mi posición es cómoda: no soy candidato a nada ni tengo cargo público ni negocio que defender. Mi calidad de jubilado me permite hablar con libertad manifestando mi opinión sin cortapisas ni subterfugios.
Hace pocas horas la multigremial de los dueños de camiones –instalada en el país desde hace cuatro décadas– ha emitido una declaración pública “avisando” que ella podría ejecutar acciones para hacer justicia en la Araucanía. La multigremial utilizó términos que requieren ser analizados, aunque sea someramente.
En primer lugar, debemos recordar que nació al amparo de una ultraderecha sediciosa y golpista en el año 1972-73, financiada con dineros de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de los Estados Unidos, –cuestión reconocida por la propia Central, como por el FBI y el gobierno estadounidense–, a la vez que apoyada y prohijada por un partido supuestamente democrático y de centro, el demócrata cristiano.
Esos cuatro socios decidieron derribar un gobierno constitucional para establecer granjerías ilimitadas en beneficio del capital. Los camioneros exigieron un pago por sus servicios, no ya unos cuantos dólares como había ocurrido entre julio y agosto del 73, sino una manga ancha ‘legal’ que les permitiera apropiarse monopólicamente del traslado de carga a lo largo del país. Para ello, entonces, le exigieron a sus compadres derechistas poner fin a la presencia del ferrocarril en Chile. León Vilarín encabezó las negociaciones. La memoria no falla.
Durante casi medio siglo esa multigremial se ha adueñado de las carreteras del país, de la carga en general e incluso de las decisiones legislativas de dos poderes del Estado, siempre amenazando con “suspender el transporte de alimentos y bienes básicos” si el Estado no satisface sus demandas. Pueden hacerlo, claro que sí… Después de todo no hay trenes.
Durante medio siglo han deteriorado y contaminado rutas completas, obligando al fisco a gastar miles de millones de dólares en la adquisición de combustible, manteniendo a la gente, a la sociedad civil, asfixiada con el pago de dineros en beneficio de su actividad comercial vía impuesto específico y otras gabelas que todos conocen: reparación de calles y rutas menores debido al deterioro que las enormes máquinas provocan en esas vías (un ejemplo claro de ello es la Ruta H-30, de Rancagua a la Carretera de la Fruta, y esa misma carretera también, sin duda alguna).
Con todas las garantías ya conseguidas, los camioneros han estado medianamente tranquilos en estas cuatro décadas, hasta ahora. No es la Araucanía la que provoca su temor. No, claro que no. La Araucanía les ha servido de pretexto para invocar nuevas exigencias que, después de todo, son las mismas que explicitaron el año 1973.
En definitiva, no es la quema de camiones (la mayoría de ellos contaba con millonarios seguros) lo que ajiza a esa multigremial, ya que nunca alzó la voz ni amenazó de forma alguna ante los asaltos y robos que cientos de camiones sufren a manos de bandas delictuales en las carreteras del norte y del sur del país, la mayoría de ellas alejadas del Wallmapu mapuche.
¿Cuál es el temor real de esos propietarios de camiones que se saben en enorme deuda con el pueblo chileno? El plebiscito… Ese es el miedo… Ese es el tema que les quita el hipo y el sueño. El plebiscito y una nueva Constitución Política que aliente el regreso del ferrocarril.
Saben que ese será tema para la discusión constitucional, como saben también que la mayoría de los chilenos optará por el retorno de los ferrocarriles de carga y de pasajeros, desde Arica a Puerto Montt, incluyendo los trenes hacia Bolivia y Argentina. Como saben que la alternativa “Apruebo” sería amplia triunfadora si hubiese plebiscito. A ello, la multigremial agrega una exasperante duda: ¿y si además triunfa la alternativa Asamblea Constituyente (disfrazada con otro nombre, claro está)?
Los nuevos ‘leónvilarín’ de esa pandilla de empresarios transportistas han decidido que la Araucanía debe ser el pretexto para obligar a gobierno, oposición, prensa canalla y fuerzas policiales, a intervenir con violencia no solamente en la zona del Wallmapu, sino también metiéndole mano a los inefables “Acuerdos para la Paz” que la mayoría de las tiendas partidistas firmaron en noviembre del 2019, donde se incluía un llamado a plebiscito constitucional.
Si hay que llevar a Chile al borde del precipicio, lo harán. Que a nadie le quepa duda y que tampoco nadie se mueva a engaño. Lo hicieron en 1973, y están dispuestos a hacerlo en el 2020. La Araucanía, el Wallmapu, es solamente el pretexto que necesitan.
Con el abierto apoyo del gobierno de Sebastián Piñera, de los partidos derechistas y de una prensa canalla, así como el accionar de una policía conocidamente corrupta y clasista, ya lo están haciendo.
Carlos, desgraciadamente no se leen las palabras finales, de los renglones o líneas de escritura
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