La Nacionalización y la Nueva Constitución
Escribe Julián Alcayaga Olivares - Economista y abogado - Octubre, 27 de 2020
En diversos medios en papel y electrónicos, diversos “expertos” nos proponen los temas que deberían abordar los constituyentes que se deben elegir el próximo 11 de abril: respetar la regla fiscal, exclusividad del Presidente en el Presupuesto y tributos, independencia del Banco Central, y además, se reportan opiniones de expertos y organismos internacionales, que vendrían a enseñarnos desinteresadamente, como redactar una Constitución: Paro nadie menciona siquiera la posibilidad de nacionalizar. ¿Nacionalizar qué? En primer lugar el cobre, y enseguida el litio, el agua, los recursos pesqueros de nuestro mar, e incluso servicios públicos como las empresas sanitarias y de electricidad.
Por ahora solo nos referiremos a la necesidad de nacionalizar el cobre, de muy lejos el principal recurso económico de Chile, y para justificar esta indispensable Nacionalización, es necesario tener en consideración las siguientes consideraciones.
Primero, Chile tiene apenas el 0,25 % de la población de la Tierra, el 0,5 % de su superficie y sólo el 0,1 % del PIB mundial, pero nuestro país asemeja a un gigantesco continente en lo que respecta al cobre, puesto que en Chile se encuentra entre el 40 y 50% de las reservas mundiales de cobre. Es prácticamente una anomalía, una monstruosidad de la naturaleza que en un pequeño país como Chile, se encuentre tal cantidad de este mineral tan indispensable para la humanidad. Como sostenía Radomiro Tomic, es un magistral don de la Providencia que ha favorecido a nuestro país.
Segundo, la humanidad no puede vivir sin la electricidad. Imagínense Santiago o Nueva York sin Metro y sin semáforos, y los edificios o rascacielos sin ascensores. Y la electricidad, solo se puede distribuir por cables de cobre. De ahí es lo extraordinario que entre el 40 y 50% de esta fabulosa riqueza se encuentre en este pequeño país llamado Chile.
Tercero, al término de la dictadura, en 1990, Chile producía solo 1,6 millones de toneladas de cobre y el 90% de su producción estaba en manos del Estado, y gracias a que el cobre estaba en manos del Estado, este aportaba cerca del 25% del Presupuesto Nacional. Hoy, Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre, 3,5 veces más que en 1990, y de ello Codelco produce solo el 27%, el resto lo producen mineras extranjeras, pero el cobre ha aportado en los últimos 7 años, en promedio, solo el 3% al Presupuesto Nacional. Un desastre.
Comparemos entonces. En los últimos años de la dictadura, con el cobre nacionalizado en un 90%, y produciendo solo 1,6 millones de toneladas, el cobre aportaba al país alrededor del 25% del Presupuesto Nacional, y ahora produciendo 3,5 veces más que en 1990, pero en un 73% desnacionalizado, aporta solo el 3% del Presupuesto Nacional.
Esto significa que la inmensidad de la riqueza que significa el cobre para Chile, y que resumimos en las tres consideraciones anteriores, ya no es un don de la providencia para Chile y los chilenos, sino una riqueza que beneficia casi exclusivamente a empresas mineras extranjeras, que evaden desvergonzadamente pagar impuestos en Chile.
Estas cifras son tan catastróficas para nuestra economía que no parecen ciertas. Pero ellas también tienen la virtud de: 1) Destacar lo acertado que fueron todos aquellos chilenos que lucharon por la nacionalización del cobre, 2) Demostrar que la inversión extranjera en nuestra minería nunca fue necesaria, y que no se justifica bajo ninguna circunstancia, 3) Y en consecuencia es más urgente que nunca proceder a una segunda nacionalización de la gran minería del cobre, y en general de todas nuestras riquezas básicas.
Para volver a tener educación completamente gratuita en todos sus niveles, salud gratuita para todas las enfermedades, vivienda digna para todas las familias chilenas, los recursos económicos para ello, pueden ser obtenidos solo con le puro cobre, pero siempre y cuando dicho cobre esté en manos del Estado, se decir que sean nuevamente nacionalizadas todas las empresas de la gran minería, considerando como tales, todas aquellas empresas que produzcan más de 30 mil toneladas de cobre al año, en cualquiera de sus formas.
Con la Reforma Constitucional de la Nacionalización de 1971, del Presidente Allende, se incorporó a la Constitución el siguiente precepto: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Precepto que también quedó incorporado en la Constitución de 1980. Este precepto debe quedar en la Nueva Constitución, pero además debe agregarse: “y del agua y todos los recursos vivos y no vivos de la Zona Económica Exclusiva del mar adyacente”. Y agregar además, si bien dichas minas o recursos se puedan conceder a particulares, no serán concesibles los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el cobre, el litio y el oro.
Pero estas disposiciones no bastan para que las actuales empresas de la gran minería vuelvan al Estado, y así el cobre, el litio y el oro, se transformen en un real beneficio para el pueblo de Chile. Para que ello sea así, es además necesario, que en una disposición transitoria de la Nueva Constitución, tal como lo hizo el Presidente Allende en 1971, se proceda derechamente a nacionalizar todas las empresas de la gran minería del cobre, considerando como tal, las que produzcan más de 30 mil toneladas de cobre en cualquiera de sus formas. La indemnización por la nacionalización de estas empresas solo considerará las instalaciones existentes, porque los yacimientos son inalienablemente del Estado desde 1971 hasta hoy, situación preexistente a toda inversión extranjera en la minería.
En lo que concierne a las aguas territoriales, ya en 1967, con la Reforma Constitucional de la Ley 16.615, el Presidente Eduardo Frei Montalva, había reservado: “ al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que sean de propiedad particular”. Ahora, en la Nueva Constitución se debe derechamente nacionalizar todas las aguas del territorio nacional, y serán indemnizadas en un plazo de 30 años, las que actualmente sean de propiedad privada, quienes pueden seguir usándolas en calidad de concesionarios, pagando al estado el derecho que corresponda, en conformidad a la ley.
Evidentemente, que este tipo de disposiciones, encontrará al frente no solo un ejército de políticos, empresas y organismos internacionales, que atacaran estas medidas, como trasnochadas, ilegítimas, fumadoras de humo, etc. etc., refutadas por connotados expertos nacionales e internacionales, y para ello contarán con todo el peso de la televisión y de los grandes medios de difusión. Habrá que tener “les reins solides” como dicen los franceses, para aguantar esas andanadas de ataques.
Para responder a esos ataques, habrá que tener constituyentes muy preparados para defender la necesaria nacionalización, y ahí es donde hay peligro en la morada, porque ya han aparecido en diversos medios y redes sociales, candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, que vienen de la farándula política y televisiva.
Decididamente, mientras no sepamos elegir a los nuevos constituyentes, el 11 de abril próximo, la Nueva Constitución, será nueva y legítima, pero puede resultar casi más de lo mismo.
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