En total son tres las iniciativas parlamentarias que proponen libertar principalmente a quienes se encuentran con prisión preventiva por actos de violencia perpetrados en el estallido social. “El que no está con las leyes y sus libertades, está en contra de Chile”, aseguró al respecto el parlamentario de RN, Gonzalo Fuenzalida.
Eduardo Andrade
Durante la semana pasada, justo en los días en los que las diversas fuerzas políticas entregaban balances concernientes al plebiscito del 25 de octubre, la situación de las personas que habían sido detenidas en el contexto del estallido social empezó a generar nuevas controversias de parte de las oposiciones y el oficialismo.
La Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) manifestó, por ejemplo, haberse sentido excluida del proceso constitucional abierto, pese a que, según aseguran, son sus cercanos quienes en la calle propiciaron que se abriese una discusión de tal envergadura.
Por tal motivo, la respuesta de la oposición, a través del Frente Amplio, fue la presentación de un proyecto legislativo que propone, primero, la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para los condenados en el marco del estallido y para quienes aguardan su condena en prisión preventiva, así como el retiro de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior apelando a la Ley de Seguridad del Estado.
El fin de semana, sin embargo, el presidente Sebastián Piñera le cerró las puertas a este tipo de iniciativas, asegurando que “en Chile no existen los presos políticos”, una declaración que, en lugar de calmar las aguas, este lunes propició que otros partidos de la oposición insistieran con este tipo de proyectos.
Uno de éstos es liderado por el senador Alejandro Navarro, quien aseguró que esta semana presentará un proyecto de Ley de Amnistía que, según precisó, pondrá a disposición de las familias de jóvenes privados de libertad, y que espera cuente con el apoyo de otros parlamentarios de oposición.
Este tipo de situación, además, comentó, es parte de los procesos que siguen a los diferentes movimientos sociales, y que en la actualidad se hacen necesarios en materia de reparación, justicia y verdad.
“En el caso de Chile, si no cerramos las heridas producidas en las víctimas, esto va a acarrear un largo proceso que ya hemos vivido. Por eso, amnistiar a la inmensa mayoría de los involucrados es lo que procede si queremos mirar al futuro y no seguir lamentándonos del pasado. Creo que es posible, creo que para que esto no continúe y nos fijemos el objetivo de una nueva Constitución, no castiguemos a las víctimas, no castiguemos a los jóvenes que han permitido que Chile tenga una nueva constitución”, aseveró.
Alejandro Navarro.
En la misma línea, el Partido Socialista hizo un llamado al Gobierno a impulsar una agenda de reparación para todo tipo de víctimas del estallido social, la cual tendría que ser considerada de forma especial en el Presupuesto 2021, y que, por supuesto, incluye también a los llamados “presos de la revuelta”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, defendió la medida asegurando que “aquí hablamos de personas que no han sido condenadas, pero que llevan meses encarceladas sin ser culpables aún. En su mayoría son jóvenes estudiantes y trabajadores que no han podido optar a ningún beneficio y que solo están presos por manifestarse contra el modelo y el sistema”.
Este tipo de propuestas, defendidas desde hace buen tiempo por personajes como el sacerdote Felipe Berríos o el director de América Solidaria, Benito Baranda, han sido duramente cuestionadas por otros analistas como, por ejemplo, el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortúzar, quien se refirió a las medidas como “populistas”, “buenistas”, que exigen “privilegios procesales insólitos e injustificados para delincuentes que destruyeron bienes públicos y asolaron el centro de Santiago por semanas”.
Tomás Fuentes.
La idea, y sobre todo el relacionamiento con la violencia, es hoy el principal argumento político en contra de las propuestas de la oposición mencionadas. Así, para el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, “validar la violencia como forma de interacción es incompatible con la democracia, que se sostiene justamente en la exclusión de la violencia”.
“Mientras los chilenos exigen mayor seguridad y recuperar de una vez por todas la confianza en la justica y las instituciones, la oposición insiste en indultar a los violentistas que destruyeron todo durante el estallido social. Esto ya es de un populismo en su máxima expresión”, agregó el también vicepresidente del partido de Gobierno.
Asimismo, su par, Gonzalo Fuenzalida, criticó duramente la postura de los parlamentarios de oposición plegados a la idea de los indultos, a los cuales se refirió como “contrarios a las leyes y a las libertades de Chile”.
“El que hace suya la violencia, la tiranía, la opresión, está en contra de Chile. Y el que conspira contra las autoridades que se han establecido e incitan al uso de la violencia también están en contra de Chile. Por eso en un Estado de Derecho democrático es la justicia la que actúa y nadie está sobre eso, nadie puede torcer ese actuar de la justicia que nos garantiza a todos la libertad”, indicó.
Desde las organizaciones de detenidos en el estallido social aún no se han manifestado cercanos a alguna de las iniciativas mencionadas en este artículo. Sin embargo, según anunciaron en sus cuentas de redes sociales, continuaran ejerciendo presión desde sus territorios para impulsar el indulto para sus cercanos, los cuales, aseguran, esperan condenas que buscan marcar precedentes ante sucesos similares.
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