Vivienda y agua: los derechos que la pandemia llama a consagrar.

Ante las medidas sugeridas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, miles de personas no tienen la posibilidad de cumplir con lo solicitado simplemente porque no tienen acceso a algo que para otros parece tan básico.

Andrea Bustos C.

 Radio/Diario U. de Chile

 Domingo 29 de marzo 2020 9:48 hrs. 

 

 

Ante la pandemia de COVID-19 que ya tiene casi dos mil contagiados en Chile, el Ministerio de Salud ha habilitado una página web para conocer los detalles del virus. En ella se señala, entre otras cosas, cómo prevenir la enfermedad y se indica entre las medidas “lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos” y “permanecer en casa si no se encuentra bien”.

A la vez estos consejos son repetidos constantemente en televisión, y el Gobierno ha hecho un llamado a mantenerse en el hogar el mayor tiempo posible. Sin embargo, en Chile existen miles de personas que no pueden cumplir con esas medidas, y no precisamente porque no quieran.

Personas en situación de calle, familias en campamentos o habitantes de zonas de sequía no tienen el privilegio ni de quedarse en casa ni de lavarse las manos siempre que sea necesario.
En lo que refiere a la vivienda, se estima un déficit cercano a las 500 mil en nuestro país, y diferentes organizaciones cifran entre 18 mil y 20 mil las personas que se encuentran en situación de calle, dejando en evidencia que generar acceso a vivienda digna es efectivamente un problema a resolver en el país.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Sin embargo, en la Constitución de Chile el derecho a una vivienda digna no está garantizado.

Organizaciones sociales presentan “Eje Social Constituyente”, articulación para promover el apruebo.

Un conjunto de organizaciones trabajará en conjunto por el proceso constituyente promoviendo el Apruebo y la Convención Constitucional.

Andrea Bustos C.

 Radio/Diario U. de Chile

 Martes 25 de febrero 2020 17:52 hrs. 

 

  No + AFP, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Ukamau, la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, Modatima y la Confech son algunas de las organizaciones que componen este Eje Social Constituyente, que tendrá como objetivo hacer campaña para el apruebo en el plebiscito del 26 de abril.

Explicación, información y difusión puerta a puerta es parte de la proyección de propaganda que tienen desde el movimiento. Catalina Magaña, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se refirió a la conformación de este eje y señaló que “se enfoca en la campaña por el apruebo y la convención constitucional, que es en lo creemos, la gente se tiene que enfocar en este tiempo hasta el 26 de abril. Si bien no es distinto a lo que es Unidad Social porque se trabaja igual por la gente, sí el trabajo central es otro, es el trabajo por el plebiscito”.

Reforma a Fonasa: cuando se fortalece el sistema privado a cambio de la agonía de lo público.

 Reforma a Fonasa: cuando se fortalece el sistema privado a cambio de la agonía de lo público.

Luego que el Gobierno presentara su proyecto este domingo, la iniciativa no ha logrado convencer, pues desde los gremios del sector han criticado que este proyecto no incluye lo que la ciudadanía solicita y que, por el contrario, solo viene a seguir debilitando la salud pública.

Andrea Bustos C.
 Diario/Radio u. de Chile.
 Lunes 6 de enero 2020 18:39 hrs.

  La reforma establece garantías de tiempo máximo de espera más allá de las enfermedades incluidas en el AUGE, y en caso de que esto no se respete los pacientes serán derivados a hospitales universitarios, de las Fuerzas Armadas, o en último caso a centros de salud privados.

Por otra parte, existirá un Plan de Salud Universal para cubrir las necesidades de las familias afiliadas, sumado al Seguro Catastrófico de Salud que ya está en trámite en el Congreso.

Además, se reducirá el gasto estableciendo que el Estado financie al menos el 80 por ciento del costo de las prestaciones, junto con bajar el precio de los medicamentos.

Sin embargo, el proyecto no ha logrado convencer en plenitud ni en el mundo político, ni tampoco en las organizaciones.