Mientras la OMS
asegura que "lo peor está por venir", el Gobierno ha anunciado que se
avanzará hacia una "nueva normalidad" con el retorno gradual al trabajo y
clases presenciales. Desde el mundo político y experto han cuestionado
la medida, argumentando que su fundamento poco tiene que ver con el
resguardo a la salud pública del país.
Tomás González F.
Radio/Diario U. de Chile
Lunes 20 de abril 2020 19:28 hrs.
Polémica generó en los distintos gremios y asociaciones de trabajadores la circular enviada por el Ejecutivo en la que instruyen a todos los funcionarios públicos retomar sus trabajos presenciales,
en momentos en que la curva de contagios por COVID-19 todavía no ha
alcanzado su punto más alto y los servicios de salud aún no han
enfrentado la peor cara de la pandemia.
Desde diversos sectores salieron en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno, generando diversas acciones con el fin de evitar la implementación de la instrucción. Pero la situación tuvo un giro este domingo, luego de que el Ejecutivo cediera entregando dos grandes concesiones en torno a la decisión.
Una de las medidas en las que el Gobierno cedió, es que finalmente este lunes no volverá a su puesto a trabajar presencialmente ningún funcionario que haya estado teletrabajando que no sea jefe o directivo, y que la “gradualidad” del retorno presencial se extenderá hasta el próximo mes de mayo, y no a fines de abril como se dijo en principio.
“A contar de hoy y hasta el viernes, esta primera semana, los
equipos directivos de cada institución deberán programar los planes de
retorno considerando todos los casos de excepción que hemos definido”, sostuvo a La Tercera el director del Servicio Civil, Alejandro Weber.
“De 120 mil trabajadores que funcionan en el resto de la administración
-descontando el área de Salud-, el 50 por ciento está trabajando
presencialmente, ya sea por turno, horarios diferidos o permanente. Hay
otros 60 mil que debieran ir volviendo progresivamente”, agregó el
director del Servicio Civil.
Pero la discusión se mantuvo y no sólo con las acciones judiciales presentadas por la ANEF o las denuncias que se hicieron ante la Contraloría General de la República. Se mantuvo, sobretodo, después de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitiera no haber consultado la decisión con el Consejo Asesor del Minsal ni la Mesa Covid-19.
Fue así como, este lunes, luego de una reunión de la instancia junto al Presidente Sebastián Piñera y el ministro Jaime Mañalich, la epidemióloga integrante del Consejo Asesor COVID-19, Ximena Aguilera, se refirió a las medidas que se han implementado y reiteró que no fueron consultados sobre el reintegro de los funcionarios públicos. “Nosotros, como dijimos en nuestra declaración, no habíamos sido consultados. Tampoco entendemos que tenemos que ser consultados para cada una de las decisiones. Sin embargo, en esta circunstancia, como estaba tan cercano al tema de la situación de las escuelas y hubo tanta conmoción pública en relación al anuncio, nos pareció necesario aclarar este punto”, explicó la integrante del Consejo Asesor del Minsal.
“Nosotros apoyamos plenamente el reintegro gradual de las funciones públicas, en cuanto éste tenga en consideración siempre la situación de salud, que prime, y las indicaciones de la autoridad sanitaria en cuanto a cómo va evolucionando el brote en cada una de las distintas realidades territoriales que tiene Chile“, aclaró la epidemióloga.
Así, la segunda concesión que hizo el Ejecutivo fue, precisamente, que ahora el Gobierno “someterá estos planes y propuestas (que deben preparar los jefes de servicios para el retorno de los trabajadores) a las recomendaciones y sugerencias del Consejo Asesor del Minsal”, según aseguró el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Un ir y venir de medidas restrictivas y flexibilidad por parte del
Gobierno que ha generado más de una confusión y diversos
cuestionamientos desde distintos sectores de la ciudadanía. Críticas que
se resumen en lo planteado por el analista político y académico de la
Universidad de Chile, Ernesto Águila, en conversación con Radioanálisis.
“Yo creo que en la medida en que el Gobierno no quiere asumir el costo económico de la pandemia, busca instalar un mensaje exitista y reinstalar rápidamente una normalidad o ‘nueva normalidad’ que signifique retomar la actividad económica y productiva”, sostuvo Águila, comparando a nuestro país con otros como Estados Unidos, Brasil o Gran Bretaña.
“A mí me parece que Chile está dentro de esos países y ésa una situación muy riesgosa, porque se intenta producir una normalización cuando no se ha llegado al peak de la pandemia y cuando estamos entrando en los meses más complicados. Entonces, esa ambigüedad o esa definición no del todo explícita hace que el Gobierno tenga un discurso y una práctica bastante errática”, concluyó el académico de la Universidad de Chile.
“Si el Gobierno quiere forzar una decisión de este tipo solo en base a razones económicas, debe señalarlo claramente. El país y sus habitantes tienen el derecho a saber por qué sus autoridades toman determinadas decisiones que los y las afectan directamente”, concluyeron en la carta firmada por 20 senadores y senadoras de oposición.
En ese sentido, desde la Democracia Cristiana señalaron que no descartaban nada, “incluso todas las acciones posibles de fiscalización de la Cámara, interpelaciones y eventualmente citaciones”.
Opciones que se sumaron a los escenarios de interpelaciones y
acusaciones constitucionales que se deslizaron desde la directiva del Partido Socialista, que este domingo se reunió junto a sus parlamentarios para plantear escenarios en caso de que se mantenga la medida.
Algo que ya habían solicitado en reiteradas oportunidades desde el Colegio Médico, era que el Ejecutivo pudiese tomar en cuenta la opinión de los expertos siempre y sobretodo para las decisiones sobre implementar o levantar medidas restrictivas en los distintos lugares del país. “Consideremos que el Gobierno debe tomar más en cuenta a los asesores y a la Mesa Social a la hora de tomar medidas, y más de esta magnitud“, sostuvo el primer vicepresidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza.
“Nosotros consideramos que no es el momento para hacer un llamado a una cierta normalidad, esperamos que el peak sea en 2 ó 4 semanas más. Por eso el retornar actividades no es algo lógico, más bien debemos tomar medidas ahora para que el peak impacte lo menos posible“, agregó el dirigente nacional del Gremio.
Así también, tras caer en conocimiento de la Circular 18 que instruía el regreso a los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, las distintas asociaciones y gremios que representan a los empleados fiscales sacaron la voz manifestando su desconcierto y rechazo frente a la medida. Entre éstas, la principal fue la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que se vulnera el derecho a la vida, consagrado en el Artículo 1° de la Constitución.
“Es una desinteligencia que hoy día el Gobierno imponga a sus funcionarios y funcionarias públicas, a quienes tenemos permanente compromiso, esta obligación que hoy día nos tiene en una tensión”, advirtió el presidente de la ANEF, José Pérez, agregando que tomarán cartas para que los funcionarios que se mantienen en modalidad de teletrabajo -por menor cantidad que sean- puedan seguir desempeñándose de esa manera.
Por lo mismo, Pérez anunció que los afiliados a los gremios
pertenecientes a la ANEF continuarán con su trabajo de manera remota, y
no volverán a la modalidad presencial. En ese sentido, desde la
agrupación hicieron un llamado al Ejecutivo a no seguir entregando
mensajes confusos que generan aún más incertidumbre en la población.
“No confundan a los ciudadanos y ciudadanas, el Estado sigue funcionando. Las trabajadoras y trabajadores públicos estamos prestando el servicio a los chilenos y chilenas, y a los más desprotegidos de nuestro país”, aclaró Pérez.
“Cualquier medida tiene que tener gradualidad, entendemos que en algún momento tenemos que volver y lo sabemos, pero a quienes están trabajando de manera remota que se les respete ese trabajo. Y por último, pedimos que ese diálogo que no ha existido hasta ahora se instale de manera formal, con nuestras asociaciones de funcionarios, para el resguardo y la protección de los funcionarios públicos y, por supuesto, esto implica el cuidado de los chilenos y chilenas incluso frente a esta emergencia de pandemia mundial”, llamó el presidente de la ANEF.
Por su parte, desde la Central Única de Trabajadores (CUT), a través de su presidenta Bárbara Figueroa, anunciaron que, como Mesa del Sector Público, acudirán con una denuncia a la Contraloría General de la República para que se deje sin efecto la circular que obliga el retorno presencial de los trabajadores públicos.
“El Gobierno a quien primero tiene que responder es a los chilenos y chilenas, y los trabajadores del Estado, de que van a existir todas las condiciones y todos los resguardos de seguridad, salud e integridad de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó la presidenta de la CUT.
Desde la Contraloría indicaron que las acciones que podrían interponer las asociaciones de trabajadores y los empleados públicos se tramitan por caminos separados, y una vez que lleguen denuncias o solicitudes de pronunciamiento, la institución procederá a evaluar los antecedentes.
Desde diversos sectores salieron en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno, generando diversas acciones con el fin de evitar la implementación de la instrucción. Pero la situación tuvo un giro este domingo, luego de que el Ejecutivo cediera entregando dos grandes concesiones en torno a la decisión.
Una de las medidas en las que el Gobierno cedió, es que finalmente este lunes no volverá a su puesto a trabajar presencialmente ningún funcionario que haya estado teletrabajando que no sea jefe o directivo, y que la “gradualidad” del retorno presencial se extenderá hasta el próximo mes de mayo, y no a fines de abril como se dijo en principio.
El
ministro de Salud, Jaime Mañalich, deslizó polémicas declaraciones el
pasado fin de semana y este lunes declinó encabezar la vocería en el
Palacio de La Moneda. Foto: Agencia UNO.
Pero la discusión se mantuvo y no sólo con las acciones judiciales presentadas por la ANEF o las denuncias que se hicieron ante la Contraloría General de la República. Se mantuvo, sobretodo, después de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitiera no haber consultado la decisión con el Consejo Asesor del Minsal ni la Mesa Covid-19.
Fue así como, este lunes, luego de una reunión de la instancia junto al Presidente Sebastián Piñera y el ministro Jaime Mañalich, la epidemióloga integrante del Consejo Asesor COVID-19, Ximena Aguilera, se refirió a las medidas que se han implementado y reiteró que no fueron consultados sobre el reintegro de los funcionarios públicos. “Nosotros, como dijimos en nuestra declaración, no habíamos sido consultados. Tampoco entendemos que tenemos que ser consultados para cada una de las decisiones. Sin embargo, en esta circunstancia, como estaba tan cercano al tema de la situación de las escuelas y hubo tanta conmoción pública en relación al anuncio, nos pareció necesario aclarar este punto”, explicó la integrante del Consejo Asesor del Minsal.
“Nosotros apoyamos plenamente el reintegro gradual de las funciones públicas, en cuanto éste tenga en consideración siempre la situación de salud, que prime, y las indicaciones de la autoridad sanitaria en cuanto a cómo va evolucionando el brote en cada una de las distintas realidades territoriales que tiene Chile“, aclaró la epidemióloga.
Así, la segunda concesión que hizo el Ejecutivo fue, precisamente, que ahora el Gobierno “someterá estos planes y propuestas (que deben preparar los jefes de servicios para el retorno de los trabajadores) a las recomendaciones y sugerencias del Consejo Asesor del Minsal”, según aseguró el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Luego
de reunirse junto al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el
ministro de Salud, Jaime Mañalich, el Comité Asesor del Minsal se
refirió al retorno gradual de los trabajadores públicos. Foto: Ministerio de Salud.
“Yo creo que en la medida en que el Gobierno no quiere asumir el costo económico de la pandemia, busca instalar un mensaje exitista y reinstalar rápidamente una normalidad o ‘nueva normalidad’ que signifique retomar la actividad económica y productiva”, sostuvo Águila, comparando a nuestro país con otros como Estados Unidos, Brasil o Gran Bretaña.
“A mí me parece que Chile está dentro de esos países y ésa una situación muy riesgosa, porque se intenta producir una normalización cuando no se ha llegado al peak de la pandemia y cuando estamos entrando en los meses más complicados. Entonces, esa ambigüedad o esa definición no del todo explícita hace que el Gobierno tenga un discurso y una práctica bastante errática”, concluyó el académico de la Universidad de Chile.
Las presiones que lograron flexibilizar al Ejecutivo
Fueron 20 senadores y senadoras de oposición los que, en primer lugar, suscribieron una declaración pública haciendo un llamado al Ejecutivo a retirar la Circular 18, dialogar con la ANEF y tomar en cuenta las recomendaciones del Comité Asesor. “Lo que hicieron hoy (viernes) es una improvisación más del Gobierno, no es una bajada comunicacional, es una instrucción verbal distinta a la del día viernes y a lo contenido en la Circular 18”, sostuvieron en la misiva las senadoras Provoste, Allende, Órdenes y Rincón, junto a los senadores Letelier, Harboe, Lagos, Latorre, Quintana, Araya, Girardi, Elizalde, Montes, Quinteros, Huenchumilla, Bianchi, Navarro, Guillier, Insulza y Pizarro.“Si el Gobierno quiere forzar una decisión de este tipo solo en base a razones económicas, debe señalarlo claramente. El país y sus habitantes tienen el derecho a saber por qué sus autoridades toman determinadas decisiones que los y las afectan directamente”, concluyeron en la carta firmada por 20 senadores y senadoras de oposición.
El
vicepresidente nacional del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, sostuvo
que, para el Gremio, “no es el momento para hacer un llamado a una
cierta normalidad”. Foto: Colegio Médico.
Algo que ya habían solicitado en reiteradas oportunidades desde el Colegio Médico, era que el Ejecutivo pudiese tomar en cuenta la opinión de los expertos siempre y sobretodo para las decisiones sobre implementar o levantar medidas restrictivas en los distintos lugares del país. “Consideremos que el Gobierno debe tomar más en cuenta a los asesores y a la Mesa Social a la hora de tomar medidas, y más de esta magnitud“, sostuvo el primer vicepresidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza.
“Nosotros consideramos que no es el momento para hacer un llamado a una cierta normalidad, esperamos que el peak sea en 2 ó 4 semanas más. Por eso el retornar actividades no es algo lógico, más bien debemos tomar medidas ahora para que el peak impacte lo menos posible“, agregó el dirigente nacional del Gremio.
Así también, tras caer en conocimiento de la Circular 18 que instruía el regreso a los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, las distintas asociaciones y gremios que representan a los empleados fiscales sacaron la voz manifestando su desconcierto y rechazo frente a la medida. Entre éstas, la principal fue la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que se vulnera el derecho a la vida, consagrado en el Artículo 1° de la Constitución.
“Es una desinteligencia que hoy día el Gobierno imponga a sus funcionarios y funcionarias públicas, a quienes tenemos permanente compromiso, esta obligación que hoy día nos tiene en una tensión”, advirtió el presidente de la ANEF, José Pérez, agregando que tomarán cartas para que los funcionarios que se mantienen en modalidad de teletrabajo -por menor cantidad que sean- puedan seguir desempeñándose de esa manera.
“No
confundan a los ciudadanos y ciudadanas, el Estado sigue funcionando”,
pidió el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), José Pérez, en el marco del instructivo que publicó el Gobierno
para el retorno al trabajo presencial. Foto: ANEF.
“No confundan a los ciudadanos y ciudadanas, el Estado sigue funcionando. Las trabajadoras y trabajadores públicos estamos prestando el servicio a los chilenos y chilenas, y a los más desprotegidos de nuestro país”, aclaró Pérez.
“Cualquier medida tiene que tener gradualidad, entendemos que en algún momento tenemos que volver y lo sabemos, pero a quienes están trabajando de manera remota que se les respete ese trabajo. Y por último, pedimos que ese diálogo que no ha existido hasta ahora se instale de manera formal, con nuestras asociaciones de funcionarios, para el resguardo y la protección de los funcionarios públicos y, por supuesto, esto implica el cuidado de los chilenos y chilenas incluso frente a esta emergencia de pandemia mundial”, llamó el presidente de la ANEF.
Por su parte, desde la Central Única de Trabajadores (CUT), a través de su presidenta Bárbara Figueroa, anunciaron que, como Mesa del Sector Público, acudirán con una denuncia a la Contraloría General de la República para que se deje sin efecto la circular que obliga el retorno presencial de los trabajadores públicos.
“El Gobierno a quien primero tiene que responder es a los chilenos y chilenas, y los trabajadores del Estado, de que van a existir todas las condiciones y todos los resguardos de seguridad, salud e integridad de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó la presidenta de la CUT.
Desde la Contraloría indicaron que las acciones que podrían interponer las asociaciones de trabajadores y los empleados públicos se tramitan por caminos separados, y una vez que lleguen denuncias o solicitudes de pronunciamiento, la institución procederá a evaluar los antecedentes.
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