Eduardo Andrade

Durante la semana pasada, justo en los días en los que las diversas fuerzas políticas entregaban balances concernientes al plebiscito del 25 de octubre, la situación de las personas que habían sido detenidas en el contexto del estallido social empezó a generar nuevas controversias de parte de las oposiciones y el oficialismo.
La Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) manifestó, por ejemplo, haberse sentido excluida del proceso constitucional abierto, pese a que, según aseguran, son sus cercanos quienes en la calle propiciaron que se abriese una discusión de tal envergadura.
Por tal motivo, la respuesta de la oposición, a través del Frente Amplio, fue la presentación de un proyecto legislativo que propone, primero, la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para los condenados en el marco del estallido y para quienes aguardan su condena en prisión preventiva, así como el retiro de las querellas presentadas por el Ministerio del Interior apelando a la Ley de Seguridad del Estado.





